El delito de pedir cuentas al rey

José Antonio Barroso, alcalde de la localidad gaditana de Puerto Real, ha declarado esta mañana ante la justicia. ¿Su delito? Dudar de la honradez de Juan Carlos, ciudadano primero de las Españas, y de su padre, o, dicho en terminología legal, injuriar a la Corona. El pasado 14 de abril, 77 años después de que su abuelo tuviese que exiliarse del país por aclamación popular, Barroso acusó a Juan Carlos Borbón de amasar de manera ilícita la cuarta fortuna de España, recalcó el oscuro papel de su padre durante el golpe militar faccioso y la posguerra y criticó el hecho de que el monarca sea una figura blindada en nuestro ordenamiento jurídico, un sujeto por encima de la ley que no sólo no puede ser imputado por los delitos que cometa, sino que, como demuestra el propio encausamiento del alcalde, tampoco puede ser criticado ni su honradez puede ser puesta en duda. O lo que es lo mismo, el ciudadano Juan Carlos puede hacer lo que quiera y la ley nos obliga a ser cómplices mudos. Hoy, a las puertas de la Audiencia Nacional, el edil se ha reafirmado en sus opiniones: "el rey es de naturaleza corrupta".
Vayamos por partes. ¿Por qué se encarga de un delito totalmente superfluo como éste la Audiencia Nacional? Esta instancia nació con el objetivo de combatir crímenes demasiado importantes para los tribunales ordinarios, como el terrorismo, el narcotráfico o el crimen organizado. Pero no sólo a esos delitos. Haciendo honor a su herencia, ya que la Audiencia es heredera directa de los tribunales de orden público de la dictadura, este organismo público también se encarga de velar por los artículos 490 y 491 del Código Penal, que defienden a la Corona de cualquier crítica con penas de cuatro a veinticuatro meses de cárcel. En los calabozos de la Audiencia Nacional, cualquier republicano faltón vale lo mismo que un mafioso ruso, un camello de la costa o un mercenario etarra.


Otra pregunta. ¿Quién es el juez encargado del caso? Fernando Grande-Marlaska, el mismo que condenó a los diarios Gara y Deia por hacerse eco de las cacerías de osos amañadas con vodka a las que Vladimir Putin invitaba al funcionario Juan Carlos. No queda ahí. Después de que el juez Del Olmo secuestrase la revista El Jueves por burlarse del heredero y su mujer, Marlaska fue el que cerró el caso multando a Guillermo Torres, dibujante, y Manel Fontdevila, guionista de la viñeta.
Ante esta violación jurídica expresa de la libertad de expresión, ¿quién se queja? La prensa, bien domesticada, sabe que le espera la misma suerte si no sigue el juego al Jefe de Estado. Los juristas tampoco se meten, ni los políticos del bipartidismo. Las críticas a esta censura autoimpuesta vienen del exterior, de organizaciones como Amnistía Internacional o Reporteros Sin Frontera, grupos transnacionales muy respetados a las que sólo se escucha en España cuando no critican la tortura en dependencias policiales o se quejan de las extrañas reglas de juego de la monarquía constitucional. Por que si las quejas vienen del propio país, la justicia actúa.
Por último, repasemos las biografías de los protagonistas del caso. Empecemos por los demandantes. Don Juan de Borbón, padre del actual monarca, tercer hijo de Alfonso XIII y heredero suyo, fue un personaje sombrío. Nunca llegó a reinar, unos dicen que por su propia incapacidad, otros que por circunstancias históricas. Tras alcanzar el título de heredero al trono pasando por encima de sus hermanos mayores de forma poco elegante, huyó con el resto de su familia a París después de que el país les diese la patada, donde se dejó querer por cada conspiración antidemocrática que se le presentó. Fracasó repetidamente en su intento de unirse al bando sublevado, que le despreció, primero como líder y después como soldado raso. Exiliado en el Portugal fascista de Salazar, convenientemente cerca del casino de Estoril, se limitó a vivir a costa de sus escasos partidarios hasta que su propio hijo, siguiendo la tradición familiar, pasó por encima suyo para hacerse con el trono en plena dictadura. Y aquí empieza la historia de Juan Carlos, por que no sería elegante comenzar en el oscuro incidente de la muerte "accidental" de su hermano mayor, Alfonso. El hecho de que el propio Juan hiciese jurar a su hijo su inocencia y las suspicacias de su tío Jaime hablan por sí solos.


Juan Carlos, nacido en el exilio italiano, fue el elegido por Franco para continuar su obra. Por algo será. Muchos hablan de su papel en la implantación de la democracia, algo clasificable tanto de oportunismo político como de instinto de supervivencia -en el trono-. Los historiadores glosan su tarea firme en el fallido golpe del 23 de Febrero de 1981, donde queda tanto por aclarar de sus contactos con los implicados. Los medios alaban su campechanía y su buen hacer, quizás por que no investigan sus deudas con la monarquía saudí, su implicación en el caso KIO y diversas corruptelas menores. ¿Para que investigar, si Juan Carlos tiene plena inmunidad ante la justicia? ¿Para terminar declarando ante Grande-Marlaska?
Hablemos ahora del imputado. José Antonio Barroso Toledo nació en Puerto Real y ha sido siete veces elegido alcalde de la localidad, tres de ellas con mayoría absoluta y sólo ha afrontado una legislatura en la oposición, cuando todos los partidos -popular, socialista, verdes y andalucistas- se unieron para derrotarle. Y volvió a ser elegido, hasta tres veces después de perder. Trabajador de los astilleros y militante comunista desde la juventud, Barroso destacó en la lucha social por los derechos de los trabajadores del sector naval en los ochenta y noventa. El resto es ya conocido, su discurso sobre el monarca y su encausamiento. Esta mañana, ante los juzgados, se presentó escoltado por unas decenas de compañeros y con una de las biografías no autorizadas de Juan Carlos, Juan Carlos I, el último Borbón de Amadeo Martínez, con el que intentará argumentar sus críticas a Juan Carlos basándose en la veracidad de los hechos imputados. Por que en la ley está escrita la llamada exceptio veritatis: no existe injuria si el acusado prueba que los delitos que imputa son ciertos. Pero, por razones que escapan a la Constitución o el Ordenamiento Jurídico, ningún juez aceptaría eso contra Juan Carlos, para no tener que investigar los lugares oscuros que oculta nuestra normalidad democrática.
Una última pregunta. Qui prodest? ¿A quién beneficia esto? Todo lo anterior es mi opinión, esto último lo dejaré a su imaginación, señor juez.

2 divagando:

amaia arrazola disse...

v! que haces con tu vida?

Anónimo disse...

eres un rojo

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