El pacto social, treinta años después

Se cumple en este tramo final de 2007 el trigésimo aniversario de una de las fases cruciales del proceso de transición política del totalitarismo a la monarquía parlamentaria. Hace treinta años, en 1977, la actualidad política venía marcada por la Ley de Reforma Política, que daría paso a un régimen parlamentario homologable con cualquier otro del entorno y que favoreció un clima de entendimiento social que hoy parece imposible mantener.

Durante ese año, la balanza política estaba marcada por una enorme inestabilidad en la calle, pese a los llamamientos a la calma y al “cambio tranquilo y sin rupturas” que propugnaban los reformistas del dictadura, con el presidente Suárez a la cabeza. Por una parte, las Fuerzas Armadas, los altos estamentos eclesiales y las viejas familias del Régimen veían como el poder autocrático que tan acostumbrados estaban a manejar a su antojo les era arrebatado poco a poco, eso sí, con buenas palabras y promesas firmes de que ninguna democracia futura en este país les pediría responsabilidades por cuarenta años de ignominia.

Por el otro, las organizaciones armadas de la izquierda buscaban desestabilizar la reforma pactada en los despachos, sirviendo a veces más como freno de las libertades que decían defender, con el único fin de forzar las contradicciones del proceso y dar al traste con cualquier cambio que no fuese una ruptura, aunque ello supusiese una involución. Tales posturas, sospechosas para el conjunto de la izquierda –hay quien afirma que el GRAPO no fue más que un grupo parafascista a sueldo del CESED, el CNI de la época, lo que explicaría la estupidez de algunos de sus integrantes, véase el indocumentado historietista Pio Moa- supusieron un freno efectivo para ciertas reformas pendientes, como el debate monarquía-república, la configuración federal y plurinacional del estado o el enjuiciamiento de los responsables de la Dictadura.

Pese a las presiones, se consiguió instaurar tanto en la sociedad como en la clase política un clima de acercamiento, de reconciliación y unidad, basado en la idea de ceder para lograr una meta mayor como suponía la consecución de una democracia estable en el Estado Español, algo inaudito desde el lejano 1936. Tras la experiencia traumática de la matanza de Atocha, en enero de 1977 y la legalización del Partido Comunista en Semana Santa, ese mismo verano tuvieron lugar las primeras elecciones libres de la nueva etapa, que arrojaron un triunfo de los centristas de Suárez, seguidos de cerca por los socialdemócratas del PSOE. Los grandes derrotados fueron el PCE, fagocitado por unos socialistas empeñados en dar una imagen política irreal -¿recuerdan a Solana vestido de hippy gritando aquello de “OTAN no, bases fuera”- y la Alianza Popular de Fraga, perseguida por un sospechoso tufillo a viejo.

Visto que la gente quería moderación, el proceso político avanzó siguiendo esa pauta. Para cristalizar esta idea de unidad social a favor de la democracia, surgió un gancho efectivo, el llamado “Pacto Social”. Dicho proceso se concretó en dos frentes, la derecha perdió el poder autocrático sin violencia, mientras la izquierda renunció a Marx, a la República como sistema político, a cualquier posibilidad de cambio social en profundidad y a ver sentados en el banquillo de acusados a tantos asesinos, torturadores y pistoleros que engendró el fascismo entronizado. En pocas palabras, el pacto social significó una renuncia mutua para construir una idea común, plasmada en político en los célebres Pactos de la Moncloa. Una idea común que ahora se resquebraja.

Treinta años después, este proceso suena muy lejano, pero la idea de pacto social me vuelve a la imaginación cada vez que acerco la nariz a la sección nacional de cualquiera de nuestros periódicos. Ese espíritu de unidad ha sido violado y corrompido tantas veces con fines partidistas que ya es imposible creérselo, con tanto llamamiento contra la ruptura de la “unidad de España”, tanta acusación mutua de guerracivilismo y la absoluta pérdida del decoro y el respeto como arma política.

Este país se levanta cada mañana con los rebuznos fascistoides de un señor subido a lomos de obispos y arzobispos, que, armado con el insulto y la calumnia, llama cada amanecer a una nueva Cruzada del odio. En nuestro parlamento, el gobierno supuestamente progresista dicta medidas de capitalismo liberal a ultranza, mientras la oposición se entretiene difundiendo descabelladas conspiraciones e indigestándose con la hiel de su derrota. En la calle, aunque menos de lo que se pretende, ha cundido una pésima imagen de crispación y enfrentamiento en el que nadie parece tener razón.

Hoy, cuando empieza a agotarse 2007, es necesario que todos, principalmente la clase política y sus palmeros mediáticos, echemos la vista atrás. La Transición española no fue ejemplar, quedaron demasiados temas en el tintero y otros fueron silenciados, pero supo prender en la conciencia de la gente de a pie un sentimiento de comunidad sin precedentes. Hoy se hace evidente que tenemos mucho que aprender del pasado, y aunque la memoria histórica no sea nuestro fuerte, deberíamos saber las consecuencias que supone el error de trazar, una vez más, una línea que nos divide en dos Españas que sólo saben odiarse.

Publicado en Carne Cruda, de Magazine Siglo XXI, edición de Septiembre
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