Corrupción sin cifras oficiales


Esta mañana, el presidente del Banco Central ruso, Sergei Mijailovich Ignatiev, aparece en la prensa denunciando que, en el último año, casi 50.000 millones de dólares salieron ilegalmente del país, un 2'5% de su PIB. Ignatiev, que se retira dentro de cuatro meses tras once años en el cargo, dejó escapar esta cifra con una alarmante despreocupación, al tiempo que atribuyó esta fuga de capitales a pagos por droga o armas y a sobornos a funcionarios y empresarios, que atribuyó a "un grupo bien organizado de individuos". Ignatiev señala que, pese a que el botín de la corrupción ha supuesto pérdidas de 11.000 millones al magro erario público ruso, no se trata de una mala noticia, ya que supone un descenso significativo respecto a los 80.000 millones evadidos en 2011. Respecto a los responsables, algunos apuntan al entorno de Putin, señalado en 2009 cuando el abogado Sergei Magnitsky fue asesinado bajo custodia policial mientras investigaba una red de fraude fiscal con ramificaciones estatales.

 
Datos como estos no son nuevos. En algunos países se tienen en cuenta estas cifras a la hora de calcular el clima empresarial o las expectativas de comercio. Otro cargo público, en este caso el jefe anticorrupción del gobierno nigeriano, denunciaba en 2006 que las autoridades habían robado 380.000 millones de dólares desde que el país africano declaró su independencia en 1960. Semejante cálculo asusta en primera instancia, pero invita a una reflexión posterior. Si países de dudosa reputación en cuanto a corrupción son capaces de cuantificar la pérdida exacta de riqueza que generan estas actividades, ¿por qué no en España? Vagamente se citan cifras manidas, como el supuesto 20% del PIB que genera la economía sumergida, aunque nadie, ni la Agencia Tributaria, ni la Policía Nacional ni la Fiscalía Anticorrupción se atreven a dar un número. En lugar de verdadera transparencia, el gobierno ofrece amnistías fiscales a los delincuentes. Existe un equilibrio de fuerzas mediante el que nadie se atreve a tirar de la manta por temor a que su propia inmundicia se vea expuesta. Ayer y hoy, el Congreso ha celebrado el debate sobre el estado de la nación y se ha hablado largo y tendido sobre corrupción, señalando con el dedo al PP por el tufillo a financiación ilegal que desprende la doble contabilidad del tesorero Bárcenas. Sin embargo, pocos partidos parecen tener las manos suficientemente limpias para señalar a los culpables. Unos tienen su Valencia y su caso Gürtel, otros Andalucía y el caso Campeón, o a caso Palau, o Millet. Quizás es que, para hacernos una idea de hasta qué punto nos roban, no debamos preguntar en los despachos del Congreso, sino en los bancos de Suiza.
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