El precio de decir lo que piensas

En estos tiempos de monetización, déficit y demás penurias, ya no nos resulta extraño darnos cuenta del precio que se le pone a la libertad de expresión. Dos ejemplos cogidos al vuelo en la prensa de hoy: Ocho años después del cierre judicial del periódico vasco Egunkaria, los trabajadores afectados siguen esperando una indemnización y una disculpa. En febrero de 2003, el juez Juan del Olmo ordenó el cierre temporal del único períodico en euskera, autorizó a la Guardia Civil registros y detenciones e inmovilizó sus cuentas. La acusación se cimentaba en unos informes policiales en los que se insinuaba que ETA financiaba al diario con dinero procedente del impuesto revolucionario. Meses después, ante la falta de pruebas, del Olmo intentó defender su cierre agarrándose al clavo ardiendo de que Egunkaria era un instrumento al servicio de la banda por defender tesis independentistas. Mientras, el juicio provocó la quiebra de la empresa, que fue finalmente devuelta a sus dueños para que la liquidaran. Dado que no fue posible hallar indicios de culpabilidad en ninguno de los ocho periodistas detenidos, el proceso se dilató hasta siete años, hasta abril de 2010. Entonces, tuvo que ser la propia Audiencia Nacional la que confirmase la libre absolución de todos los encausados, al tiempo que criticaba el cierre sin pruebas de un medio de comunicación y pedía entregar indemnizaciones a todos sus trabajadores. Textualmente, reconocía que el "trabajo" de del Olmo sólo sirvió para hacer quebrar el periódico y acallar una voz crítica, todo ello sin habilitación constitucional y sin leyes que lo autorizaran.


Hoy, Martxelo Otamendi y los otros periodistas detenidos por el juez murciano exigen 17 millones de euros por los daños causados, dinero que irá a parar a su diario sucesor, Berria, y seguirá sirviendo a la prensa libre. Recuerdo haber escuchado a Otamendi en 2005 en una conferencia en Madrid, poco antes de terminar mi carrera. Ponía los pelos de punta escuchar a un compañero de profesión narrando cómo fue detenido, golpeado y vejado sin que ningún juez pusiera el grito en el cielo. Recuerdo su rabia al hablar de tantos años de trabajo a favor de su lengua y su país tirados a la basura por la intransigencia de un letrado que luego se haría aún más famoso por ordenar el secuestro de El Jueves por reírse de los príncipes y por revocar condenas a maltratadores de mujeres. Ocho años después, muchos considerarán a Egunkaria otro eslabón de ETA y se indignarán por su indemnización. El daño ya está hecho y la ignorancia, como el agua, siempre se abre camino.


Otro ejemplo del precio de la libertad de expresión es el cierre de Wikileaks. Tras filtrar muchas de las miserias del imperialismo menguante, el boicot de los bancos a las donaciones que recibía el grupo ciberactivista han conseguido frenar su actividad. Visa, MasterCard, PayPal, Western Union y Bank of America han conseguido ya lo que querían, silenciar a los díscolos y que nadie les espante el rebaño mientras manejan a los políticos y despluman a los currantes. Mientras, Julian Assange sigue a la espera de un proceso judicial tramposo e interesado. Nos queda, eso sí, el fruto de su labor de divulgación de la barbarie. En todo el mundo, en cada ciudad, hay un parque o una plaza donde cada vez más gente acude a decir basta. Gracias a Martxelo Otamendi, yo supe que no quería ser otra cosa que periodista. Gracias a Wikileaks, muchos comprendieron que era necesario regenerar la democracia desde abajo. La libertad de expresión es cara, pero una vez que prendes la mecha, es un material explosivo que corre de boca en boca y revientan el cerco de la censura.

Apuntes al azar del mundo en crisis


En estos tiempos que corren nos hemos acostumbrado a lo inesperado. Declaraciones que hace unos años supondrían el fin de la carrera de quien las pronuncia, decisiones empresariales inhumanas o recortes antisociales han entrado de lleno en el menú del día que nos sirven los medios de comunicación. Para muestra, cuatro sencillos ejemplos encontrados al azar en la prensa de hoy. Comencemos hablando de bancos. Hace unos días, los exdirectivos de NovaCaixaGalicia y la Caja de Ahorros del Mediterráneo saltaron a la palestra por sus indemnizaciones millonarias y sus jubilaciones de lujo, todo ello después de haber llevado a la quiebra a las entidades que dirigían. Hoy, en El País nos encontramos con que las cajas, tras haber recibido miles de millones de euros de fondos del estado para evitar la bancarrota, proponen congelar dos años los salarios de sus empleados. De los directivos, ni hablamos. Para rematar el despropósito, ABC nos cuenta que la banca española deberá refinanciar 120.000 millones de euros de sus deudas el año próximo. ¿Se imaginan quién va a poner esos fondos? Premio para usted si al leer esta frase se ha llevado la mano automáticamente al bolsillo. Además del sector financiero, la gran empresa también protagoniza titulares llamativos esta mañana. En las páginas de economía leemos que la fabricante holandesa de electrodomésticos Phillips ha decidido despedir a cuatro mil quinientos trabajadores tras anunciar que sus ganancias se han reducido en más de mil millones de euros. Una vez más, se repite la fórmula cruel del capitalismo, que dicta que los culpables de errores de gestión que cuestan la ruina a una empresa terminan firmando despidos en lugar de protagonizarlos.

Por último, cómo no, los políticos. En Portugal, Jornal de Noticias publica el siguiente titular: "Las pensiones vitalicias de los políticos escapan a los ajustes". La misma semana en la que el parlamento debate elevar los impuestos sobre alimentos básicos, vivienda y salarios y recortar al máximo cualquier atisbo de estado del bienestar, el diario lisboeta publica que la clase política lusa ha blindado sus jubilaciones, mientras que los que tendrán que pagar son los trabajadores retirados que reciben pensiones de 426 euros. ¿Les suena de algo? Al otro lado de la raia, en Catalunya, el cada vez menos correcto Duran i Lleida nos sorprende con unas declaraciones de una sinceridad escalofriante. El portavoz de CiU en el Congreso ha exigido más medidas impopulares para parar la crisis, aunque se ha negado a detallar cuáles son, porque asegura que si lo hiciera "perdería las elecciones". Visto lo visto, queda claro que los auténticos antisistema no somos los que salimos a las calles a reclamar dignidad, justicia y democracia, sino los que esconden la navaja trapera bajo el traje y la corbata.

top